España es el país con mayor gasto en alumbrado público por habitante de la Unión Europea, y el segundo en términos absolutos: mientras la media de gasto público es de 70 kilovatios por habitante, en España los ayuntamientos generan una media de 116 por español. Las imágenes tomadas desde el espacio hablan por si solas, pues pese a la gran “España vacía”, desde finales de los años 90 no existe ninguna zona del territorio español desprovista de luz artificial parásita en la atmósfera. El gasto es ingente; rondando los 1.000 millones de euros anuales en iluminación pública.
La desmedida contaminación lumínica es uno de los problemas ambientales que más se ha incrementado en los últimos años ante la pasividad de políticos, legisladores y la empresa privada, pese a su negativo impacto probado no sólo sobre el ecosistema y la contaminación del cielo nocturno (protegido por la UNESCO en la Declaración de los Derechos de las Generaciones Futuras desde 1994), sino también obviando el enorme gasto para el erario público que supone el superávit de alumbrado público superfluo. En el último lustro, además, estudios científicos y médicos han empezado a encontrar correlación entre la polución lumínica y problemas de salud humana, desde cambios en los patrones del sueño y el crecimiento, hasta aumento de las probabilidades de cáncer.
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