El pueblo garífuna está bajo ataque en Honduras. Proyectos extractivos, energéticos, agroexportadores, turísticos y petroleros, sumado a la presencia del crimen organizado y el narcotráfico y a la inoperancia y complicidad del Estado, han puesto en serio peligro la existencia y el futuro de decenas de comunidades que luchan y resisten ante la amenaza de un segundo destierro para el pueblo garífuna.
Las 980 hectáreas del territorio de Vallecito, en el departamento de Colón, norte de Honduras, fueron tituladas a favor del pueblo garífuna por el INA (Instituto Nacional Agrario) en 1997. Un año después, el ya fallecido terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum invadió parte de esas tierras para sembrar palma africana.
Tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el magnate desistió de sus pretensiones. Sin embargo, meses después, personas asociadas al crimen organizado se apoderaron de casi el 80% del territorio garífuna y construyeron una pista clandestina para el trasiego de droga.
En 2013 las tierras de Vallecito fueron remedidas y la comunidad garífuna afiliada a la Ofraneh (Organización Fraternal Negra), pese a las amenazas, el acoso, los sabotajes y el asedio permanente, decidió ejercer su derecho a la propiedad colectiva, echando a andar proyectos de soberanía alimentaria que pretenden garantizar el futuro de miles de familias.
Sin embargo, el hostigamiento nunca cesó y la comunidad, que junto a la lideresa garífuna Miriam Miranda gozan de medidas cautelares otorgadas por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), vive en zozobra y bajo constantes amenazas.
Hasta el resguardo policial que el Estado garantizó durante los años 2014 y 2015 fue suspendido sin ningún tipo de explicación.
“En los últimos meses se ha intensificado la presencia de personas fuertemente armadas que rompen la cerca y entran en moto y vehículos al territorio de Vallecito. La comunidad está muy preocupada”, dijo Miranda.
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