William Shakespeare le hace decir a Hamlet: “Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Que es más elevado para el espíritu, sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas?”
Es la disyuntiva del gobierno de Alberto Fernández: o acuerda con los acreedores suspendiendo el pago de los servicios de la deuda al menos por dos años o debe aplicar políticas de ajuste del gasto público y aumento de impuestos para generar el excedente, cuando el crecimiento en Argentina depende esencialmente de los componentes domésticos de la demanda (consumo asalariado, gasto público y transferencias sociales, inversión pública y privada, construcciones, etc.).
Solamente los intereses de la deuda pública nacional rondan para este año 2020 el equivalente a los 19.000 millones de dólares. Nuestro PIB se estima en unos 353.000 millones, por ende para hacer frente a los mismos se necesita crecer en no menos del 5,4%. (Y que a la vez se los apropie el Estado, principalmente, dada la situación en que nos encontramos, mediante impuestos.)
Existe un sector privilegiado en el país con capacidad manifiesta para contribuir al erario público y dar cumplimiento al Art. 16 de la Constitución Nacional que en su renglón final dice: “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Es el sector que fugó capitales por 86.352 millones de dólares desde el 1° de enero de 2016 al 30 de noviembre de 2019, según contabiliza el Balance Cambiario del Banco Central (BCRA).
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