Desde hace unos meses venimos asistiendo a un enconado debate en torno a la subida del Salario Mínimo Interprofesional. De hecho, esta medida y la derogación parcial de la reforma laboral de 2012 parecen ser las principales preocupaciones de la derecha ahora que se ha formado el nuevo gobierno. Esto no es sorprendente si tenemos en cuenta que vimos la misma reacción cuando la misma coalición elevó el SMI en 2019 hasta los 900€. Una subida que fue mínima y escasa (en realidad, el PP había pactado ya subirlo hasta los 850€), pero que sirvió para que el empresariado vertiera amenazas de hecatombe económica si aquello se producía.
Ahora nos encontramos ante una subida hasta los 950€ que el nuevo Gobierno ha pactado con la patronal y con los sindicatos mayoritarios, subida que es todavía insuficiente ya que apenas sirve para recuperar el poder adquisitivo perdido durante más de una década de crisis económica. Pese a haber aceptado este pequeño avance, la clase empresarial sigue mostrándose públicamente reacia a aumentar el Salario Mínimo hasta los 1.200€, que es una de las principales promesas del nuevo gobierno para la presente legislatura.
Entonces, ¿por qué se oponen con tanta firmeza a la subida del SMI? Fundamentalmente, porque dicha medida ataca los fundamentos socio-económicos en los que se sostiene la hegemonía empresarial sobre la clase trabajadora en el sistema económico y político actual. Cuando atacan la subida del SMI lo que están expresando, no explícitamente pero si implícitamente, es que quieren que haya trabajadores y trabajadoras pobres. Necesitan que los haya, al igual que necesitan una tasa de paro considerable y una legislación laboral que ampare legalmente la precariedad.
Una de las principales contradicciones del sistema capitalista es que éste requiere que una parte considerable de la clase trabajadora permanezca en una situación de pobreza, o al borde de ésta, para que el mercado asalariado sea viable en términos rentables para el empresariado
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada