La polémica se desató durante las fiestas de fin de año, cuando la ministra del Ambiente y Aguas de Bolivia, María Elva Pinckert, se reunió con las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz y anunció que se estaba evaluando la situación actual del proyecto de la hidroeléctrica Rositas.
La posibilidad de que el megaproyecto se reactive ocasionó la reacción inmediata de las organizaciones indígenas, ambientalistas y sociales que cuestionan la construcción de la hidroeléctrica.
En un comunicado, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) manifestó que no le corresponde a este ministerio –Ambiente y Aguas– manifestarse a favor de proyectos que no han cumplido con los requisitos necesarios y no cuentan con estudios que demuestren viabilidad económica.
Al contrario, Contiocap ha solicitado que se proceda con “la anulación del proyecto Rositas”, una obra que en el año 2018 fue suspendida debido al rechazo de agricultores y ganaderos guaraníes de los municipios de Vallegrande, Gutiérrez, Cabezas, Postrervalle y Lagunillas que resultarían afectados por el proyecto energético, así como por los cuestionamientos sobre su viabilidad económica.
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