Pastaza, Ecuador. “¿Qué es lo que está pasando en un Estado plurinacional?
Se habla de desarrollo cuando nuestros territorios, donde nosotros hemos vivido por cientos de años, están siendo explotados, concesionados, entregados a nuevos bloques petroleros, y eso sí verdaderamente nos afecta”, espetó Mirian Cisneros, la indígena kichwa que con estas palabras enfrentó al presidente Lenín Moreno en el diálogo público con el gobierno, en el marco del Paro Nacional de octubre pasado, en el que fue la única mujer que formó parte de la delegación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Se habla de desarrollo cuando nuestros territorios, donde nosotros hemos vivido por cientos de años, están siendo explotados, concesionados, entregados a nuevos bloques petroleros, y eso sí verdaderamente nos afecta”, espetó Mirian Cisneros, la indígena kichwa que con estas palabras enfrentó al presidente Lenín Moreno en el diálogo público con el gobierno, en el marco del Paro Nacional de octubre pasado, en el que fue la única mujer que formó parte de la delegación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Mirian Cisneros, presidenta de la emblemática comunidad en resistencia de Sarayaku, en el corazón de la amazonía ecuatoriana, habla de la riqueza de los pueblos indígenas que han sido empobrecidos, esta vez desde la canoa que la traslada de Canelos a su comunidad durante cuatro horas por el río Bobonaza, que se une al Amazonas más adelante. La imponente selva no la deja mentir. La riqueza no es sólo natural, una cultura viva también la respalda. Sarayaku ha ofrecido al mundo conceptos como Sumak Kawsay/ Buen Vivir y Kawsak Sacha/ Selva Viviente, nada nuevo en la cotidianidad de los pueblos indígenas del continente, una aportación para quienes desde fuera de las comunidades luchan contra la devastación ambiental.
Han pasado tres meses desde los 13 días de convulsión que se vivieron en Ecuador a raíz del decreto 883 que, entre otras cosas, quitaba el subsidio a los combustibles, provocando un alza en el costo de la vida difícil de sobrellevar por la población ecuatoriana. La movilización social respaldada por el movimiento indígena logró la derogación del decreto, pero el saldo de la protesta aún se vive en las comunidades. Once muertos, la mayoría indígenas, y cientos de heridos y detenidos son la factura del levantamiento que puso en jaque al gobierno de Lenín Moreno.
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