Cada hectárea devorada por las motosierras supone una amenaza contra los derechos humanos. Lo mismo ocurre con las partículas de polvo que infectan atmósfera y pulmones; con los bloques de hielo que se desprenden hacia el terrorífico estado líquido; con las especies que se adentran en la extinción; o con los vertidos químicos que terminan en el cauce de los ríos. Así lo entiende el propio relator de la Organización de las Naciones Unidas, David R. Boyd, que hace unos días señaló la necesidad de incluir el "derecho a un planeta sano" en un nuevo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
"El derecho a un medio ambiente saludable ya proporciona la base para gran parte del progreso que estamos viendo en diferentes naciones de todo el mundo. Lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar este momento de crisis ecológica mundial para asegurar el reconocimiento de este derecho por parte de las Naciones Unidas, de modo que todos, en todas partes, se beneficien. El derecho humano a un planeta sano, si es reconocido por todas las naciones, podría ser el derecho humano más importante del siglo XXI", comentaba.
Las muertes asociadas a la degradación del planeta no son sólo las de aquellos que, desde la lucha social, se enfrentan a proyectos extractivistas. Tanto es así, que miles de defunciones prematuras tienen que ver con enfermedades que derivan del maltrato que las sociedades dan a los entornos. Cáncer, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares o diarreas son algunas de las causas de muerte que se relacionan con la mala calidad del aire, o el mal estado de las aguas. Según la propia Organización Mundial para la Salud (OMS), el 28% de los óbitos globales tienen que ver con cuestiones ambientales.
El posible nuevo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin embargo, puede servir para dar un mayor amparo legal a las comunidades y sociedades que necesiten denunciar la degradación de sus entorno.
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