La Ley de Seguridad privada se inscribe en un conjunto legislativo fuertemente represivo, que incluye las anunciadas reformas del Código Penal, del Código Penal Militar y la nueva Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. De esta última -en fase de anteproyecto- no se conoce otra cosa que las terribles sanciones previstas por el Gobierno para reprimir las protestas sociales por vía administrativa y sin protección judicial alguna. En la práctica liquida los derechos constitucionales de reunión y manifestación e introduce la arbitrariedad administrativa y la aparición de algunos excesos policiales fomentados por los responsables políticos.
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