PROYECTO CASTOR “El PP pagó la indemnización a Florentino Pérez por el Castor de la manera más lesiva para la población”

El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), lleva varios años investigando la construcción, gestión y posterior pago de la indemnización del Proyecto Castor. El proyecto llevado a cabo por una empresa de la ACS de Florentino Pérez es un almacén geológico de gas. Un antiguo yacimiento de petróleo que, una vez vaciado, se utilizó para depositar gas. Este gran agujero en la tierra se encuentra a 22 kilómetros mar adentro en la costa del norte de Castellón. En octubre de 2013, más de 1.000 temblores se sintieron en una zona que nunca había sido considera sísmica. Al producirse los terremotos, fue paralizado. Pero los inversores y la empresa de Florentino Pérez, no solo no respondieron por lo daños ocasionados por los terremotos, sino que fueron indemnizados por ello.

Uno de los principales actores señalados es Florentino Pérez, ¿qué papel juega aquí el presidente del Real Madrid y ACS? 

Ahora seguramente que ninguno, ya que él ya ha cobrado la indemnización, aunque seguramente que sus presiones ejercerá. Ahora mismos son los bancos, Bankia, Banco Santander y CaixaBank, los que están reclamando la indemnización, ya que ellos pagaron a Florentino a cambio de ir cobrando por parte del Estado año tras año y con intereses.

"Aunque la indemnización a ACS fue de 1.351 millones, Bankia, Banco Santander y CaixaBank iban a ganar otros 1.062 millones en intereses"

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CASO CASTOR Querella contra 5 exministros y Florentino Pérez por el "fraude" millonario de Castor

El polémico caso del almacén de gas Castor ha llegado hasta la Audiencia Nacional, donde este martes se ha presentado una querella criminal que acusa a cinco exministros (Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria) y a los empresarios Florentino Pérez (ACS) y Recaredo del Potro (Escal UGS) de un delito de prevaricación, fraude a la adminstración pública y malversación de caudales públicos.

La querella, presentada por varias plataformas, entre ellas el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet (que ya sentó a Rodrigo Rato en el banquillo por el caso de las tarjetas black) y el Institut de Drets Humans, incluye también entre los acusados al exsecretario general de Energía Ignasi Nieto y al exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino. Ahora falta saber si la Audiencia Nacional la admitirá a trámite.

Aunque no es la primera vez que el caso del proyecto Castor llega a los tribunales, nunca hasta ahora se había señalado directamente a tantos altos cargos públicos y privados encargados de la gestión de esa infraestructura energética que tuvo que ser parada en 2013 por los centenares de microterremotos provocados por su actividad.

El caso Castor es especialmente polémico sobre todo por una excepcional cláusula en la concesión de explotación que obligó a indemnizar a la empresa propietaria incluso aunque el cierre se produjo por una negligencia en las operaciones. Esa indemnización, cifrada en 1.350 millones de euros —pero que ascienden a 2.419 millones con los intereses— se repercutió directamente sobre la factura del gas de los consumidores, hasta que una sentencia reciente del Tribunal Constitucional la ha declarado ilegal. El Gobierno, no obstante, busca alternativas para cargar esa abultada factura sobre el bolsillo de los contribuyentes.

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ESPAÑA: El Tribunal Constitucional anula la forma en la que se decidió la indemnización de 1.350 millones a ACS por el Castor

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el procedimiento porque el se que estableció la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras (entre ellas ACS) del proyecto de almacén de gas de Castor. La compensación se fijó mediante un Real Decreto Ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, y es precisamente este procedimiento lo que el tribunal considera inconstitucional.

Para que se justifique este encaje legal tiene que haber razones de "urgente necesidad" que el órgano judicial no encuentra, razón por la que anula el procedimiento. Según explican fuentes jurídicas, el Constitucional no anula la cuantía de la indemnización ni entra a valorar el fondo de la cuestión (si se debe pagar o no una indemnización), es el método por el que se oficializa el pago lo que se anula.

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ESPAÑA: Castor le costará a los españoles 4400 millones de euros

Greenpeace informa de que después de que se haya dado a conocer el resultado del informe encargado por Enagás al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que ha determinado la relación entre los seísmos ocurridos en la zona y el almacenamiento de gas Castor, construir  y desmantelar ahora esa instalación gasista tendrá un coste global de 4400 millones de euros para la hacienda pública española.

Según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén submarino de gas, situado frente a las costas de Castellón, es uno de los ejemplos más claros dedespilfarro de dinero público que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en energías sucias del que fue adalid el ministro José Manuel Soria.

La empresa constructora del proyecto, ACS, recibió 1350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4400 millones de euros, una suma con la que Greenpeace calcula que se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio o conceder 11 millones de becas de comedor escolar.

Cabe recordar además, que el coste final del proyecto Castor se triplicó sin una explicación aceptable por parte de ACS. Todo el proceso ha hecho que en abril de 2015 el Parlamento Europeo censurara la indemnización, solicitando al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago.

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