“Si comparo la situación actual con once años atrás, veo un cambio notable en nuestro pueblo”, explica Mónica Quezada, madre de Matías Catrileo, asesinado por la espalda en 2008 mientras recuperaba tierras. La coyuntura a la que se refiere Mónica es la masiva y maciza movilización social a partir del 14 de noviembre, cuando fue asesinado Camilo Catrillanca, también por la espalda.
El diálogo lo tuvimos el pasado lunes 10 en la cárcel de Temuco, donde visitamos a tres de los ocho presos políticos mapuche: los hermanos Benito y Pablo Trangol y el machi Celestino Córdova. Estaban rodeados de media docena de mujeres de su pueblo, que acuden todas las semanas, como hermanas políticas de los presos.
Los Trangol fueron acusados de la quema de una iglesia evangélica, pero fueron incriminados por “testigos sin rostro” y se les aplicó la Ley Antiterrorista. Realizaron una huelga de hambre de más de cien días, el año pasado, para revertir la aplicación de una legislación que según organizaciones de derechos humanos representa violencia, racismo y discriminación étnica en contra del pueblo mapuche.
A la extensa huelga de hambre se sumó un hermano de los Trangol y una autoridad de su comunidad, exigiendo el inicio de un juicio justo, ya que estuvieron más de un año como imputados sin juicio, y la no aplicación de la Ley Antiterrorista. La justicia determinó diez años de prisión para Benito y Pablo, de 35 y 25 años de edad, sin más elementos que las declaraciones de una mujer cuyos datos ni siquiera los abogados conocen.
