El fallo de un tribunal regional alemán contra la entrega a España de Carles Puigdemont pone en riesgo toda la causa que la Fiscalía y el Tribunal Supremo abrieron para castigar el plan soberanista en Catalunya. La polémica jurídica sobre si la organización del referéndum y los hechos que lo rodearon podía constituir un delito de rebelión, castigado con hasta 25 años de cárcel, ha sido resuelta al final por tres magistrados alemanes, que consideran que el proceso soberanista no se ha desarrollado con violencia.
La justicia alemana entra así al fondo de la cuestión. Lo hace porque el juez Pablo Llarena solicitó la extradición de Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación. El tribunal ha rechazado la extradición por el primero de esos delitos alegando que su legislación no lo contempla. No se da, por tanto, el principio de doble incriminación que requiere cualquier extradición.
