Uno de los ataques más contundentes y que mayor repercusión tiene sobre las trabajadoras y trabajadores son los relacionados con la prevención y los accidentes de trabajo.
Según las cifras oficiales, en 2017 se produjeron 583.425 accidentes laborales, de los cuales 618 fueron mortales y de estos 134 in itínere. En 2018 fueron 602.316 los accidentes laborales producidos, de los cuales 652 fueron mortales, 146 in itínere. Sin poder contar con aquellos accidentes que no declaran las empresas, en apenas un año, el terrorismo patronal aumentó en casi 20.000 accidentes laborales, un 3% más, que costaron la vida a un 5% más de personas trabajadoras.
La prevención de la siniestralidad laboral es una responsabilidad del empresariado. Esta obligación de controlarla, reducirla y eliminarla es correlativa al derecho de las trabajadoras y trabajadores de la protección de su salud. El conflicto parte de que la prevención tiene un alto coste económico para las empresas y requiere de una constante inversión. Y, como sabemos, gasto y beneficio empresarial son dos palabras opuestas.
La inversión económica en esta materia, por parte de las empresas, supondría un ahorro económico a medio y largo plazo para las mismas ya que los accidentes y el absentismo se reducirían muy notablemente. Y es aquí donde las mutuas juegan un papel fundamental al ser asociaciones de empresarios destinadas a realizar “las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social”.
