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dimarts, 18 de juny del 2019

Al desnudo trama para perseguir a Lula y al PT por Emir Sader


Brasil ha vivido varios años bajo el chantaje de una farsa: bajo el pretexto del combate a la corrupción, se ha destruido su democracia, desmoralizado el Estado de derecho, liquidado  el prestigio del Poder Judicial, golpeado duramente su economía y cambiado el destino político del país. Esa farsa fue denunciada a lo largo de todos esos años por Lula –principal víctima directa de esa operación-, por la izquierda, por las fuerzas democráticas, sin que la función Judicial frenara las arbitrariedades de la llamada operación Lava Jato.




Ahora, las denuncias de las escándalos conversaciones entre los agentes de la Lava Jato, que incluyen a miembros del Superior Tribunal de Justicia (STF), a los medios de comunicación, a parlamentarios de la derecha y a los EEUU, desnudan de forma brutal toda la trampa montada para perseguir al PT y a Lula y bloquear la voluntad popular de que volvieran a presidir el país

El segundo paquete de denuncias revela, por una parte, un comprometimiento directo de un miembro del STF, que se comporta como militante político de un proyecto de derecha, sometiendo esa máxima instancia del Poder Judicial al juez Sergio Moro, así como la subordinación de toda la operación Lava Jato a instancias norteamericanas, a las que se dice que habría que consultar.

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diumenge, 21 de maig del 2017

Alarma en España por las injerencias políticas en el poder judicial



La asociación española Jueces para la Democracia (JpD) ha emitido un comunicado alarmada por las injerencias políticas que socavan la confianza de los ciudadanos en la dedicación de jueces y fiscales en la persecución de delitos de fraude y corrupción política y económica.




Jueces para la Democracia argumenta esta alarma en que el Centro de Investigaciones Sociológicas destaca que, a la hora de identificar los tres principales problemas que existen actualmente en España, la ciudadanía señala de forma repetida e invariable en los últimos años, primero el paro y en segundo lugar la corrupción y el fraude, por delante de los problemas de índole económica.

Además, España figura como el tercer Estado europeo donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente. Hasta un 58% de los españoles la consideran como “mala” (39%) o “muy mala” (19%), lo que supone que sólo dos de los 28 países están peor: Bulgaria y Eslovaquia. Según el informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la UE que elabora la Comisión Europea, son las “interferencias y presiones del Gobierno y políticas” el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.

divendres, 10 de març del 2017

Lawfare. La judicialización de la política en América Latina



La actual embestida legal contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, son ejemplos no aislados de una nueva táctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare.

¿Qué es el Lawfare?

Es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.




Aspectos fundamentales del Lawfare

1) El rol del Poder Judicial: El PJ se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.