CATALUNYA: Medio millar de juristas denuncian que la sentencia del Procés vulnera el principio de legalidad

“Se ha atacado uno de los principios básicos de un Estado de derecho, que es el principio de legalidad”, ha afirmado hoy Belén Caballero, presidenta de la Asociación Libre de Abogados (ALA). ALA es una de las 23 organizaciones que han firmado un informe elaborado por la plataforma International Trial Watch en el que se señalan las anomalías de la sentencia del Procés hecha pública por el Tribunal Supremo hace apenas un mes y que condena a penas de entre nueve y 13 años de cárcel a nueve de los doce acusados por las movilizaciones por la autodeterminación de Catalunya que tuvieron lugar en 2017.

International Trial Watch gestionó durante todo el transcurso del juicio del Procés la presencia de juristas de renombre de todo el mundo como observadores internacionales. A partir de las observaciones de esos juristas, publicó un primer informe en el que se señalaban las irregularidades procesales cometidas en el juicio. Ahora, un mes después de conocerse la sentencia, International Trial Watch hace público un nuevo informe en el que se analiza la sentencia y que ha sido apoyado por 23 organizaciones de juristas y por 533 juristas particulares de más de 20 países

“Este juicio en el Supremo no afecta solo a líderes independentistas, tiene repercusiones que afectan al ejercicio legítimo de reunión pacífica y libertad de expresión de todos los ciudadanos y ciudadanas”, subraya Caballero. “La dureza es tal que se ha atacado uno de los principios básicos de un estado de derecho, que es el principio de legalidad, haciendo cuadrar un delito tan grave como el de sedición con conductas que son ejercer derechos fundamentales como el de reunión pacífica, condenando a nueve de estas personas por sedición por llamar a la movilización”, continúa la presidenta de ALA.

“Esto tiene un efecto disuasorio para otros movimientos sociales y a las críticas legítimas al statu quo”, concluye por su parte Cristina Serván, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y de Defender a quien defiende, otras de las organizaciones participantes en International Trial Watch. “Estas conclusiones no deben ser ignoradas ni desacreditadas, hay que tomar en consideración este análisis y sus adhesiones”, reclama Serván.

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CATALUNYA: Sentencia del Procés, jaque a la democracia

En el lenguaje del ajedrez, se denomina “Jaque” al ataque que un jugador realiza a otro consistente en acorralar a su Rey, es decir, a su fuerza, a su representante, a su sistema defensivo. El Jaque no es “Mate” hasta que un determinado movimiento acorrala completa y definitivamente el sistema defensivo del otro, de tal forma que no existe otro camino que la rendición. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con la sentencia del Procés, es decir, un ataque en toda regla, con la fuerza del Estado Español y por todos sus medios (ya se habían utilizado los medios policiales el 1-O, y antes los medios políticos desde varios años atrás, y ahora han sido los medios judiciales), que ha acorralado la democracia de nuestro país, que la ha sentenciado a muerte, aunque por supuesto, la lucha no ha finalizado, y por ello no es “Jaque Mate”. Aunque en la sentencia los magistrados del Tribunal Supremo no han considerado el caso de rebelión (ya existe una propuesta del PP para modificar el Código Penal y que exista dicho delito incluso sin la utilización de la violencia), sí han contemplado la sedición, argumentando unos ridículos razonamientos para explicarlo. Penas de prisión e inhabilitación de entre 9 y 13 años van a tener que sufrir los encausados, sin más delito que haber luchado por todos sus medios contra el Estado, primero para intentar pactar un referéndum, y después para celebrarlo sin garantías, poniendo urnas en los colegios.

La sentencia, pues, ha sido absolutamente injusta y vengativa. Una sentencia que supone un insulto a la democracia, un ataque a nuestro sistema de convivencia, un torpedo en la línea de flotación de nuestro Estado de Derecho, que tras la sentencia lo es menos. Porque por lo visto, eso de poner urnas en los colegios para que la gente vote constituye un delito muy serio, en un sistema que se tilda de “democrático”. Y aún se intenta aclarar en la sentencia, de forma grotesca (y en el discurso de Pedro Sánchez se ha vuelto a insistir en ello) en que aquí no se juzga a nadie por sus ideas, sino por cometer delitos. Se nos dice que en una democracia todas las ideas caben, pero no es verdad. Existen algunas que no caben, justo aquéllas que inciden en una mayor democracia. Existen ideas que no caben, justo aquéllas que intentan romper con el status quo de nuestras élites políticas, económicas y sociales. Curioso sistema aquél que proclama que ninguna idea es delictiva, hasta que se intenta llevar a cabo. Entonces se convierte en peligrosa. Los encausados del Procés son presos políticos, porque defienden ideas y proyectos que no convienen a dichas élites

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El Supremo aspira a que la sentencia del procés esté lista a mediados de octubre

El Tribunal Supremo aspira a que la sentencia del procés se haga pública antes del próximo 16 de octubre. Ese día se cumplen dos años de la entrada en la cárcel de los líderes de las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por lo que el tribunal tendría que renovar su situación de prisión provisional en caso de que, llegada esa fecha, no se hubiera producido el fallo.

La ley establece que la prisión provisional puede extenderse por un plazo de dos años, prorrogables hasta cuatro. Así que, de no haber resolución en esa fecha, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart seguirían en la cárcel, según indicaron fuentes del Alto Tribunal. 

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Sentencia justa para los presos catalanes

Ana Almirón Mengibar, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Cuando el 27 de abril se aprobó por unanimidad en la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), una declaración en relación al juicio del llamado procés, no era la primera vez que hablábamos y reflexionábamos con preocupación al respecto, sino que lo hemos ido siguiendo muy de cerca, participando directamente como observadores en el mismo y recabando la opinión de expertos y especialistas en derecho constitucional. Debate e información que también hemos tratado de trasladar a la opinión pública a través de diversos actos, por lo que decidimos hacer publica dicha declaración, el 4 de junio, acompañada de los apoyos de 130 personas significativas y 24 colectivos, del ámbito de los derechos humanos, la judicatura, la universidad, la comunicación y la cultura, entre otros. Apoyos que en tan solo unos días se quintuplicaron, mayoritariamente de Andalucía, pero también del conjunto del Estado.

¿Por qué una asociación pro derechos humanos y de Andalucía decide y está dispuesta a encabezar una iniciativa como ésta? Muy sencillo, porque somos una asociación cuya razón de ser es, precisamente, la defensa de los derechos y libertades de las personas, los derechos humanos individuales y colectivos, independientemente de su ideología política, origen, sexo, o cualquier otra circunstancia. Así lo manifiesta la declaración universal y lo establece nuestra Constitución. Esa es nuestra perspectiva, desde la que defendemos por ejemplo el derecho a migrar, que nos lleva a criticar las políticas europeas y las actuaciones de nuestro propio Estado aquí, en nuestra Frontera Sur, con tan tremendas consecuencias de inhumanidad. O el derecho a la vivienda, la salud y la educación, en defensa de las personas más pobres y excluidas de todo ello. Los derechos de las mujeres, a la libertad y diversidad sexual, etc. O los derechos de las personas en situación de privación de libertad, frente a posibles abusos o merma ilegal de sus derechos de ciudadanía.

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Juicio contra el Procés Lo que está en juego, en Catalunya y en todo el Estado

El juicio contra el Procés, que se encuentra ya en pleno desarrollo, está teniendo lugar en un contexto político de gran trascendencia en todo el Estado español. Los meses de abril y mayo habrá numerosas contiendas electorales y este ciclo definirá probablemente hacia donde se encaminará la política española de los próximos años. La amenaza que significa el ascenso de una derecha dura y autoritaria, cercana a la extrema derecha y capaz de pactar directamente con ella (como hemos visto en Andalucía), debería significar un serio toque de alerta, o de alarma. Y es evidente que la situación en Catalunya y en el conjunto del Estado español están claramente imbricadas y se condicionan y condicionarán mutuamente. Por esa razón, esta reflexión pretende abarcar ambas realidades

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La crisis que se está viviendo en Catalunya en torno al llamado Procés tiene dos vertientes políticas. Una es la cuestión del deseo de independencia y de constituir un estado propio, por parte de una parte muy importante de la sociedad catalana. La otra, es la cuestión de las libertades democráticas en general y del tipo de Estado que quiere configurar el conjunto de la sociedad española. Esta doble crisis pone sobre la mesa algunos temas que la transición de la dictadura franquista a la Monarquía parlamentaria instituida a la muerte del dictador dejó pendientes, o no bien resueltos, por razones que no es el objetivo de este artículo analizar.

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El juicio contra los líderes del Procés, una batalla que se librará en cuatro frentes

El ‘factor político’ de la ofensiva legal del Estado, las contradicciones puestas en evidencia por la justicia europea, el impacto en el mapa electoral español y la dimensión internacional marcarán el juicio en el Tribunal Supremo.

El juicio contra los líderes del Procés en Catalunya empieza el martes 12 de febrero. Durante más de tres meses, el Tribunal Supremo será el epicentro del conflicto legal, político y emocional entre el Estado y el movimiento independentista. Marcará la vida social y política en Catalunya. Y condicionará la agenda política en España. Pero el juicio tendrá también una dimensión internacional: más de 600 periodistas llegados de cincuenta países están acreditados para cubrir el juicio. Doce son los procesados: Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila. Exceptuando los tres últimos, que se hallan en libertad, los demás encausados llevan más de un año en prisión preventiva.

En el transcurso del juicio comparecerán más de quinientos testigos entre los que destacan el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Una mayoría social en Catalunya considera que el juicio contra los líderes independentistas ejemplifica el fracaso político, democrático, y social de España. El diálogo sucumbió al ruido sordo y pesado de la ley. Analizamos cuatro claves que marcarán el desarrollo del juicio.

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REFERÉNDUM DEL 1 DE OCTUBRE Gonzalo Boye: “Todavía no ha empezado el juicio y ya hemos demostrado que aquí no existe rebelión

Con la instrucción de la causa por el Procés ya cerrada y con Carles Puigdemont y cinco consellers de su Ejecutivo en el exilio desde hace más de 10 meses, el culebrón judicial en torno a la independencia de Cataluña continúa con nuevos episodios. El último: la querella interpuesta por el jurista Nicolás González-Cuéllar —actualmente bajo estudio de la magistrada Carmen Lamena para decidir sobre su admisión a trámite— contra la juez belga que instruye la causa contra el juez Llarena por falta de imparcialidad y contra Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, quien ayer anunció que renunciaba como profesor del Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid. En el horizonte, el juicio del Procés, que podría comenzar en los próximos meses.

El abogado, durante la entrevista realizada en su despacho.

Este exilio ha sido muy criticado, pero...

Yo creo que la estrategia jurídica que se siguió también tiene una vertiente política en la que no entro ni salgo, porque nunca lo he hecho, pero, desde el punto de vista jurídico, era necesario que una parte de los investigados estuviera fuera para poder organizar una serie de acciones jurídicas que nos permitiesen demostrar lo que está pasando en España, y lo hemos ido mostrando en tiempo real. Es decir, no esperar seis, siete u ocho años a Estrasburgo, si no que en tiempo real hemos ido demostrando. Todavía no ha empezado el juicio en España y ya hemos demostrado en jurisdicciones europeas que aquí no existe rebelión.

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Un tribunal alemán hace tambalear la causa del Tribunal Supremo contra el procés

El fallo de un tribunal regional alemán contra la entrega a España de Carles Puigdemont pone en riesgo toda la causa que la Fiscalía y el Tribunal Supremo abrieron para castigar el plan soberanista en Catalunya. La polémica jurídica sobre si la organización del referéndum y los hechos que lo rodearon podía constituir un delito de rebelión, castigado con hasta 25 años de cárcel, ha sido resuelta al final por tres magistrados alemanes, que consideran que el proceso soberanista no se ha desarrollado con violencia.

La justicia alemana entra así al fondo de la cuestión. Lo hace porque el juez Pablo Llarena solicitó la extradición de Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación. El tribunal ha rechazado la extradición por el primero de esos delitos alegando que su legislación no lo contempla. No se da, por tanto, el principio de doble incriminación que requiere cualquier extradición.

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