CATALUNYA: Medio millar de juristas denuncian que la sentencia del Procés vulnera el principio de legalidad

“Se ha atacado uno de los principios básicos de un Estado de derecho, que es el principio de legalidad”, ha afirmado hoy Belén Caballero, presidenta de la Asociación Libre de Abogados (ALA). ALA es una de las 23 organizaciones que han firmado un informe elaborado por la plataforma International Trial Watch en el que se señalan las anomalías de la sentencia del Procés hecha pública por el Tribunal Supremo hace apenas un mes y que condena a penas de entre nueve y 13 años de cárcel a nueve de los doce acusados por las movilizaciones por la autodeterminación de Catalunya que tuvieron lugar en 2017.

International Trial Watch gestionó durante todo el transcurso del juicio del Procés la presencia de juristas de renombre de todo el mundo como observadores internacionales. A partir de las observaciones de esos juristas, publicó un primer informe en el que se señalaban las irregularidades procesales cometidas en el juicio. Ahora, un mes después de conocerse la sentencia, International Trial Watch hace público un nuevo informe en el que se analiza la sentencia y que ha sido apoyado por 23 organizaciones de juristas y por 533 juristas particulares de más de 20 países

“Este juicio en el Supremo no afecta solo a líderes independentistas, tiene repercusiones que afectan al ejercicio legítimo de reunión pacífica y libertad de expresión de todos los ciudadanos y ciudadanas”, subraya Caballero. “La dureza es tal que se ha atacado uno de los principios básicos de un estado de derecho, que es el principio de legalidad, haciendo cuadrar un delito tan grave como el de sedición con conductas que son ejercer derechos fundamentales como el de reunión pacífica, condenando a nueve de estas personas por sedición por llamar a la movilización”, continúa la presidenta de ALA.

“Esto tiene un efecto disuasorio para otros movimientos sociales y a las críticas legítimas al statu quo”, concluye por su parte Cristina Serván, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y de Defender a quien defiende, otras de las organizaciones participantes en International Trial Watch. “Estas conclusiones no deben ser ignoradas ni desacreditadas, hay que tomar en consideración este análisis y sus adhesiones”, reclama Serván.

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