El estrepitoso fracaso de la Guerra contra el Narco –con 152.000 personas muertas, 32.000 desaparecidas y 310.000 desplazadas– no ha impedido que el Gobierno de Peña Nieto apruebe la contestada Ley de Seguridad Interior, que legaliza la militarización del país.
El Charco, Apatzingán, Ayotzinapa, Tlatlaya, Golochán, Noxtitlán, Aguas Blancas, Acteal, Tanhuato, Ayotzinapa… En la memoria colectiva de los pueblos mexicanos se van acumulando masacres, desapariciones y torturas derivadas de los estragos de la militarización y la supuesta guerra al crimen organizado, que algunos investigadores ya empiezan a llamar “la guerra contra nosotros”.
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| Teatro callejero sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. |
La mayoría de las agencias de la ONU, docenas de organizaciones de derechos humanos y cientos de miles de ciudadanos se pronunciaron en contra de la aprobación por parte del Senado de la República mexicana, con 71 votos a favor y 34 en contra, de la Ley de Seguridad Interior, que legaliza la actuación de las fuerzas armadas en la vida civil mexicana. El cabildeo y chantaje de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) había surtido efecto. Pocos días después, la ley fue sancionada por el ejecutivo en un tiempo record comparado con otras muchas normativas que permanecen estancadas en el patio de curules. “¿Un autogolpe militar?”, se preguntan algunos.
