Más de 600 personas de nacionalidad tunecina que llevan cerca de ocho meses hacinadas en el CETI de Melilla esperando a ser trasladados a la península y que ahora se ven inmersas en este anuncio de deportación colectiva.
“Algo más de 600 ciudadanos tunecinos con el expediente de expulsión ya concluido y materializado” anunciaba en rueda de prensa el pasado lunes 27 de abril, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. “Estamos trabajando y coordinándonos con la embajada de Túnez en Madrid así como con el Gobierno tunecino con el fin de proceder a la mayor brevedad posible a la repatriación de estos ciudadanos”, añadía, haciendo referencia a la situación de hacinamiento de casi 1700 personas en el CETI -centro de estancia temporal de inmigrantes- de Melilla. Un centro con más del doble de su capacidad, y una situación que se hace especialmente grave durante el confinamiento y la pandemia del Covid-19, por la imposibilidad física de cumplir con las medidas de distanciamiento y de higiene.
“No entendemos por qué hay una decisión del Ministerio del Interior de no tramitar el laissez passer para que puedan pasar a la península”, reclama Andrés G. Berrio, abogado y miembro de Iridia, el Centre per la Defensa dels Drets Humans, con sede en Barcelona. “Es muy grave que un Ministro del Interior afirme que se está trabajando para la repatriación del colectivo de más de 600 personas tunecinas. Si algo prohibe la legislación internacional, y precisamente el protocolo Nº4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, son las deportaciones colectivas de extranjeros”, expresa el letrado.
