En los últimos días hemos visto aparecer con mayor fuerza los términos sobre la judicialización de la política o el denominado lawfare. Un fenómeno de alcance global, que se enmarca en el terreno de la guerra de cuarta generación y de los mecanismos de golpes blandos. En el juego de la política, el capitalismo financiero global, ha logrado encontrar otras formas que le permiten avanzar sobre aquellos escenarios en donde la organización popular les pone un freno a su plan económico, social y político.
¿De qué hablamos, cuando aludimos al término Lawfare?
Este término tiene un origen militar, que describe métodos de guerra no convencionales en el que la ley es utilizada para conseguir un objetivo militar. O dicho de otra manera y contextualizándolo, es el uso de los instrumentos jurídicos para fines tales como los de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Aquí se combinan acciones aparentemente legales con una cobertura de prensa que permite por un lado instalar ejes y por otro, generar presión sobre los acusados y sus entornos; de esta manera buscan avanzar sobre el apoyo popular que suelen tener, no casualmente, los implicados.
En América Latina, la estrategia comenzó a ir a fondo a través del poder judicial, con jueces y mecanismos que les permite torcer los destinos de países, basándose en una red de influencias y procedimientos que no están vinculados directamente al voto popular.
