Hasta hace poco, la inmigración hacia Europa, y concretamente hacia el Estado español, había tendido a ajustarse, más o menos, a las oportunidades laborales existentes en el país de destino. Esto no quiere decir que haya habido un equilibrio autorregulado entre oferta y demanda. Más bien, significa que los flujos migrantes han tendido a cubrir las necesidades de determinados sectores patronales y empleadores de trabajo doméstico y de cuidados (a veces con un "factor llamada" casi explícito), no las necesidades de las personas que migraban o pensaban hacerlo.
Y si la cantidad (y, también, hasta cierto punto, el perfil) de las personas que han ido llegando se ha aproximado a lo que convenía a estos sectores, no ha sido sólo para la operación libre de los mecanismos del mercado , sino con la ayuda imprescindible de la intervención del Estado. Por un lado, limitando -mejor, filtrando, y así seleccionando- las llegadas mediante restricciones procedimentales y legales de diversa índole (visados, contratación en origen, requisitos económicos, concesión reducidísima de asilo y refugio ...) acompañadas de medidas físicas y coercitivas en determinados puntos de entrada. Y por otro, aprobando e implementando un régimen de extranjería dentro del país que coarta -en diferentes grados y de distintas maneras según el país de procedencia- los derechos laborales, civiles y políticos de las personas inmigradas y de esta forma las mantiene especialmente vulnerables a la superexplotación, y en el caso de las "sin-papeles", más aún.
