Rupturas en los gasoductos o la pérdida de biodiversidad asociada a las actividades extractivas han afectado de forma severa a los espacios vitales de las comunidades indígenas.
Repsol ha presentado este miércoles sus resultados económicos anuales: un beneficio de 2.121 millones de euros. Su mejor resultado en los últimos seis años. Lo que no ha contado es que tras estas cifras se esconden importantes impactos socioecológicos y la vulneración de derechos humanos originados por sus actividades. Basta mostrar como ejemplo lo que sucede en la Amazonía peruana, donde la compañía española tiene una importante participación en el polémico proyecto de gas de Camisea.
Perú es, tras Brasil, el segundo país con mayor superficie forestal de América Latina. Más de la mitad de su territorio está ubicado en la cuenca Amazónica, caracterizada por una vasta biodiversidad y por estar habitada por más de 300.000 indígenas pertenecientes a 60 grupos étnicos diferentes. Se estima que el 5% de esta población permanece en estado de aislamiento voluntario. La riqueza potencial de esta zona –su patrimonio biológico, las reservas de agua dulce y, especialmente, de minerales e hidrocarburos– ha dado pie a distintas oleadas extractivas. Solo en lo que va de siglo, la disputa por el acceso y el control de los recursos naturales han dejado dos millones de hectáreas deforestadas. Hoy el 75% del territorio amazónico peruano está cubierto por concesiones hidrocarburíferas.
