La Constitución Española de 1931 marcó un hito en el constitucionalismo español al ser la primera en reconocer y garantizar derechos sociales como el de asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, o la garantía a los trabajadores y trabajadoras de una “existencia digna” mediante protección en casos de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte.
Niceto Alcalá Zamora insistió, durante la proclamación de la Segunda República, en la puesta en marcha de un “programa de justicia social y de reforma administrativa de supresión de injusticia”. Ese discurso, del 14 de abril de 1931, sería el raíl por el que circularía toda la actividad reformadora de sus gobiernos pese a las resistencias reaccionarias y la amenaza fascista, y resultaría definitorio para entender el nivel de legitimidad y aceptación que la Sanidad Pública y sus profesionales tienen hoy en la sociedad española.
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| Proclamación de la República en la Plaza Sant Jaume, Barcelona. Foto: Josep Maria Sagarra, 1931
La Segunda República puso a España en la vanguardia europea en cuanto al otorgamiento de derechos y libertades a la ciudadanía. Y aunque el viejo modelo (feudalismo noble, clerical y castrense) volvió a imponerse pocos años después transfigurado en esa particular forma de fascismo llamada nacionalcatolicismo, el legado de avances en política social, educativa y sanitaria que dejó podría servir, en estos días de crisis global, como guía para reforzar un modelo social y sanitario que deje atrás la precariedad, la privatización y los recortes ejecutados por los gobiernos de la derecha ultraconservadora en una política de trasmisión del capital material y humano de lo público a lo particular cuyas consecuencias estamos sufriendo como sociedad en estas últimas semanas.
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