El relator especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes[1], ha constatado que, pese a los avances desde 1977 cuando se recuperó la democracia en España, el nivel de discriminación contra la población gitana sigue siendo motivo de preocupación, sobre todo la segregación en las escuelas.
El relator también señala que la Ley de Seguridad Ciudadana ha tenido el efecto perverso de que las minorías presenten menos denuncias.
“el Grupo observó que las disposiciones de la Ley de Seguridad de los Ciudadanos que imponen multas elevadas por filmar a los agentes del orden público y revertir la carga de la prueba han tenido el efecto perverso de que las minorías no denuncien todos los actos discriminatorios cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o que no se investigue ni se juzgue a los autores de delitos contra las minorías, en particular contra los afrodescendientes”.
Además, señala que España no recopila sistemáticamente datos desagregados sobre las lenguas, las culturas o la religión de su población que serían necesarios para diseñar políticas y programas mejor orientados y más efectivos.
