Algunas cifras para comenzar. Desde la tentativa de golpe de Estado, el 15 de julio de 2016, ha habido 450 000 parados más; 144 periodistas han sido detenidos, 2 500 periodistas han perdido su empleo; 11 diputados y 74 alcaldes han sido encarcelados (los diputados eran todos miembros del HDP -Partido Democrático de los Pueblos- y la mayoría de los alcaldes, kurdos), 87 000 personas han sido despedidas de la función pública, entre ellas un número significativo de sindicalistas y de opositores de izquierda, así como universitarios que habían firmado una petición a favor de la paz. Hay que añadir a esto 35 000 funcionarios suspendidos. 177 medios (periódicos, páginas web, radios, televisiones) han sido cerrados.
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Las cifras que preceden forman parte no solo de un proyecto represivo, sino que constituyen también un plan de austeridad a gran escala: 87 000 funcionarios menos en seis meses. Debido a la crisis económica que atraviesa Turquía, en particular la pérdida de valor de la libra turca, el salario mínimo ha bajado en la realidad 90 dólares. Hoy, al curso actual, el salario mínimo en Turquía es de 342 euros. Se comprende por tanto lo que representa una pérdida de 90 dólares en seis meses. Estos datos provienen de fuentes oficiales: el Banco Mundial y las instituciones turcas. Habría que añadir a esos datos otros no oficiales, especialmente los recogidos por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que tratan sobre los desmanes del régimen turco, las destrucciones y los asedios de la ciudades kurdas, el número de civiles muertos en esta represión o los casos de torturas.
