FRONTERAS Interior intenta una deportación colectiva prohibida por la legislación internacional en Derechos Humanos

Más de 600 personas de nacionalidad tunecina que llevan cerca de ocho meses hacinadas en el CETI de Melilla esperando a ser trasladados a la península y que ahora se ven inmersas en este anuncio de deportación colectiva.

“Algo más de 600 ciudadanos tunecinos con el expediente de expulsión ya concluido y materializado” anunciaba en rueda de prensa el pasado lunes 27 de abril, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. “Estamos trabajando y coordinándonos con la embajada de Túnez en Madrid así como con el Gobierno tunecino con el fin de proceder a la mayor brevedad posible a la repatriación de estos ciudadanos”, añadía, haciendo referencia a  la situación de hacinamiento de casi 1700 personas en el CETI -centro de estancia temporal de inmigrantes- de Melilla. Un centro con más del doble de su capacidad, y una situación que se hace especialmente grave durante el confinamiento y la pandemia del Covid-19, por la imposibilidad física de cumplir con las medidas de distanciamiento y de higiene. 

“No entendemos por qué hay una decisión del Ministerio del Interior de no tramitar el laissez passer para que puedan pasar a la península”, reclama Andrés G. Berrio, abogado y miembro de Iridia, el Centre per la Defensa dels Drets Humans, con sede en Barcelona. “Es muy grave que un Ministro del Interior afirme que se está trabajando para la repatriación del colectivo de más de 600 personas tunecinas. Si algo prohibe la legislación internacional, y precisamente el protocolo Nº4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, son las deportaciones colectivas de extranjeros”, expresa el letrado.

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El Tren Maya y las nuevas Fronteras del Sur de México

En los últimos años, en la Frontera Sur de México vuelven a emerger procesos históricos con particularidades de relevancia.  Bajo un aparentemente renovado paradigma de desarrollo, convergen en ella políticas públicas, iniciativas privadas e intereses internacionales, al tiempo que se refuerza su función de contención de migraciones que tienen su origen, de forma amplia, en regiones dependientes y subalternas de los sures globales.  Presento aquí una panorámica sobre las relaciones entre procesos de reordenamiento territorial (particularmente el megaproyecto Tren Maya) con los procesos de (in) movilidad humana que atraviesan y configuran dicha frontera.

Un primer elemento a destacar es la transformación de las coyunturas territoriales fronterizas, y la emergencia de megaproyectos que aparentan ser novedosos pero siguen formando parte de la visión hegemónica del desarrollo periférico de las fronteras: el Plan Puebla-Panamá, el TLCAN y el T-MEC, las reformas estructurales, la renacionalización del ferrocarril Chiapas-Mayab, el Plan Frontera Sur, las Zonas Económicas Especiales (ZEE’s), etc. conforman los engranajes de un proceso histórico de reordenamiento territorial que depende de la posibilidad de las poblaciones de permanecer y pertenecer, definiendo y limitando así los espacios posibles para su movilidad.

La segunda consideración refiere al complejo contexto migratorio de la región.  La Frontera Sur se ha visto marcada por la presencia creciente de migrantes del Caribe, África y Asia, y especialmente por las Caravanas de migrantes centroamericanos.  Esto ha provocado el tránsito de una política de contención basada en la seguridad nacional (característica de la política migratoria de gobiernos anteriores), a un corto periodo de aparente apertura en favor de los derechos humanos en los primeros meses del nuevo gobierno en 2019, y un drástico giro hacia la securitización con la recién creada Guardia Nacional.  La militarización va más allá de la línea fronteriza, se auto-justifica bajo la doctrina de la Seguridad Humana, y ocurre en el marco de la geopolítica hemisférica de Estados Unidos que subordina la soberanía nacional mexicana externalizando su política migratoria mediante el programa Remain in México.

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