El Gobierno español ha autorizado la publicación del nombre de las víctimas españolas de uno de los peores campos de concentración del régimen nazi. La decisión se toma una década después de que el Ejecutivo socialista de Zapatero dificultara la investigación penal contra criminales de guerra nazis.
E Boletín Oficial del Estado publicó ayer, 74 años después de los Juicios de Núremberg, el nombre y los datos conocidos de 4.427 personas víctimas de la maquinaria de exterminio del régimen nazi en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen. Ese acto se convirtió inmediatamente en el primer reconocimiento jurídico por parte del Estado de los españoles que fueron asesinados en este campo. Faltan las víctimas de otros campos de concentración —las cifras estimadas superan las 12.000 personas presas de nacionalidad española en campos de concentración y que 7.300 murieron en ellos— pero el reconocimiento es un primer paso 40 años después de la aprobación de la Constitución española.
Las víctimas de Mauthausen-Gusen dejan de ser “apátridas”, como lo eran según la legislación franquista, o ciudadanos de otros países europeos, en el caso de los supervivientes, y el reconocimiento permitirá a sus descendientes iniciar procesos de sucesiones, herencia o reclamación de daños. Fue su declaración como “apátridas” por parte del Gobierno de Francisco Franco, explicitada en cartas al Gobierno alemán firmadas por Ramón Serrano Súñer, ministro de Asuntos Exteriores entre 1940 y 1942, y la recomendación a Alemania de que dispusiera de las vidas de esos españoles lo que convertiría al Estado en cómplice de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Adolf Hitler.
