Luego de unos días recopilando información en El Alto, la delegación asignada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, presidida por Pablo Abrao, afirmó que «no hay garantías» para llevar a cabo una investigación imparcial sobre las masacres ocurridas en el mes de noviembre, perpetradas por las fuerzas armadas y la policía que formaron parte del golpe de Estado contra Evo Morales.
Las víctimas de las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) dieron testimonio de los sucesos a la CIDH, que siendo el ala de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), resulta paradójico que se alce una voz solidaria con quienes han sufrido más tras el cambio de régimen.
El relator de la CIDH para los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, dijo en una entrevista con CNN que la entidad va a plantear «que debe constituirse un grupo interdisciplinario e internacional de expertos», que deberá investigar «a profundidad los sucesos ocurridos luego de la renuncia del presidente Morales y la anulación electoral, que han causado por lo menos dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba».
