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dijous, 5 d’abril del 2018

Hijos de torturadores: Argentina conoce otra cara de la dictadura


 Al cabo de cuatro décadas, la sociedad argentina ha procesado de muchas maneras los atroces crímenes de la última dictadura militar (1976-1983). Pero cuando todo parecía conocido, salió a la luz pública un grupo que muestra otra cara de la historia: la de ser hijo o familiar de un represor.

Se trata de personas que han condenado la actuación de sus padres, generalmente al costo de romper sus relaciones con todos sus parientes, para reivindicar la memoria de los 30.000 desaparecidos que, según organismos de derechos humanos, dejó esa dictadura.


Analía Kalinec (de izda a dcha), Liliana Furió, María Laura Delgadillo y Lorna (quien prefiere no hacer público su apellido), hijas de militares o miembros de fuerzas de seguridad que fueron condenados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura argentina.


“Vivimos nuestras historias con mucha vergüenza y mucha soledad porque nuestras propias familias nos rechazan y, fuera de ellas, la visión tampoco es muy favorable. Entonces, mostrarnos colectivamente es importante para nosotros”, contó Analía Kalinec a  un grupo de otros medios internacionales, entre ellos IPS, en un encuentro organizado con cuatro integrantes del grupo.

Después, en el 42 aniversario del golpe de Estado, el colectivo participó por primera vez, en el centro Buenos Aires, en la manifestación que cada 24 de marzo recuerda a los desaparecidos y reclama que sigan adelante los juicios por la represión ilegal.

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dissabte, 20 de gener del 2018

Argentina sigue buscando verdad y justicia pese a los obstáculos


En la puerta de los Tribunales de Buenos Aires, familiares de víctimas de la dictadura y militantes de organizaciones de derechos humanos siguieron por pantalla gigante la sentencia del juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, realizado a fines de noviembre de 2017. El juicio duró 5 años y terminó con 29 condenados a prisión perpetua.




A 34 años de la recuperación democrática, la Justicia de Argentina tiene más de 500 causas en trámite por violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983). La elevada cifra habla de la vigencia del proceso de verdad y justicia, pero también de las demoras que oscurecen el escenario.

Desde que en 2003 se retomaron las investigaciones judiciales, se dictaron 200 sentencias, de las cuales solo 60 están firmes, mientras que 140 se encuentran en distintas instancias de revisión.

Así lo reveló un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizado a diciembre de 2017, que detalla que hay 856 personas condenadas y 110 absueltas.

divendres, 1 de desembre del 2017

DICTADURA ARGENTINA: Cadena perpetua para dos exmilitares por los vuelos de la muerte de la dictadura argentina


Los exmilitares argentinos Jorge Eduardo Acosta y Alfredo Astiz fueron condenados este miércoles a prisión perpetua por crímenes cometidos durante la última dictadura en Argentina (1976-1983), en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Un tribunal federal de Buenos Aires condenó a reclusión perpetua a Jorge Eduardo "el Tigre" Acosta, excapitán de fragata y exjefe de Inteligencia y del Grupo de Tareas de la ESMA, la misma pena que impuso al excapitán de la Armada y agente de inteligencia Alfredo Astiz, conocido como el "Ángel Rubio" o el "Ángel de la muerte".


El exmarino Alfredo Astiz escucha la sentencia a prisión perpetua.


La decisión de la corte ha llegado después de cinco años de audiencias, en el mayor juicio por delitos de lesa humanidad celebrado hasta ahora en Argentina y en el que están acusadas un total de 54 personas, entre ellas el excapitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo y el piloto de la línea aérea holandesa Transavia y marino retirado Julio César Poch, ambos extraditados desde España.

Los acusados, entre quienes también hay civiles, estaban acusados por 789 delitos de secuestros, torturas y homicidios cometidos en la ESMA, donde funcionó de facto la mayor cárcel clandestina del régimen militar argentino y donde se calcula que estuvieron detenidas ilegalmente cerca de 5.000 personas.

El tribunal dictaminó en su sentencia que todos estos delitos son crímenes de "lesa humanidad" y "por ende son imprescriptibles".