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dijous, 8 de febrer del 2018

ESPAÑA: Jueces demócratas denuncian injerencias del Gobierno de España


La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha publicado un comunicado en el que recuerda que un 58 % de los españoles percibe que la justicia no es independiente debido a las “interferencias y presiones del Gobierno” y advierte que, nuevamente, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pone de manifiesto esta realidad. 



Sostiene JJpD que las inopinadas declaraciones del Ministro de Justicia en relación a la investigación que se sigue en el Tribunal Supremo, el denominado “procés” de Cataluña, son poco respetuosas con la separación de poderes y la independencia judicial: “El Sr. Català pronostica con total seguridad el futuro procesal de los investigados y anticipa sin ningún rubor las fechas y el contenido de las resoluciones judiciales, hasta el punto de afirmar que la sentencia se dictaría antes del mes de diciembre del presente año”.

Estas injerencias “socavan la confianza de los ciudadanía en los Tribunales de Justicia así como en el Tribunal Constitucional y lastran la credibilidad de actividad diaria de magistrados y magistradas en el ejercicio de su función”.



dijous, 11 de gener del 2018

El Parlament recurre el 155 ante el Tribunal Constitucional





La pelota vuelve, una vez más, al Tribunal Constitucional. La Diputación Permanente del Parlament de Catalunya, el órgano que vela por los poderes de la Cámara catalana en los períodos entre legislaturas, ha aprobado en la mañana del martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la imposición por parte del Gobierno estatal del artículo 155 de la Constitución, un hecho que suspendió la autonomía catalana.

La iniciativa ha sido aprobada con los once votos a favor que suman Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot, frente a los siete en contra de C's, PSC y PPC y la abstención de las CUP.

dissabte, 10 de juny del 2017

ESPAÑA: El Tribunal Constitucional anula la amnistía fiscal de Montoro de 2012



La regularización fiscal legitima el fraude y supone la “abdicación del Estado” de sus obligaciones, según el TC. La sentencia no tiene efecto sobre los contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda.




El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la amnistía fiscal de 2012, por la que muchas personas regularizaron el dinero que tenían en el extranjero y en paraísos fiscales.

El Constitucional considera que la amnistía fiscal (aprobada por el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo) vulneró la Constitución. En concreto, el artículo 86.1 que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.

dissabte, 30 de juliol del 2016

Tribunal Constitucional y desmantelamiento del Estado social Sebastián Martín


A día de hoy, todavía abundan quienes hablan de “Estado de derecho” para referirse al modelo político vigente. La fórmula no puede ser más imprecisa. El Estado de derecho fue la forma política predominante en Europa durante el siglo XIX hasta el final de la I Guerra Mundial. Se caracterizaba por racionalizar las actuaciones del poder público con el fin de comunicar seguridad jurídica a los ciudadanos. Obedecía a la divisa ilustrada de que ningún hombre debe obedecer a otro hombre, sino todos, sin distinción, a la ley común. Y para ello era indispensable recoger en una Constitución los órganos y los procedimientos a través de los cuales esta ley debía discutirse, aprobarse y aplicarse.



Este dispositivo de liberación respecto de los particularismos y sometimientos propios de la sociedad feudal se reveló bien pronto como estructura de dominación. El imperio de la ley, si por un lado emancipó, por otro también sometió. A la discusión y elaboración de las leyes estaba llamada solamente una minoría de varones potentados. Su contenido sustantivo tenía que ver con la protección de la propiedad privada y con las garantías anejas al comercio. Vinculaba, ante todo, a los tribunales de justicia en su función de amparo de la persona y su hacienda; mucho menos a la administración, en la que aún regía la discrecionalidad. Por eso el Estado de derecho decimonónico, pese a protocolizar algunos actos del poder, continuó teniendo inclinaciones excluyentes y arbitrarias

dilluns, 30 de maig del 2016

Varios miles de personas protestan en Barcelona por la suspensión de leyes vía Tribunal Constitucional



Varios miles de personas se han manifestado hoy en Barcelona, entre gritos de independencia y a favor de los derechos sociales, en contra de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de diversas leyes sociales aprobadas por el Parlamento catalán, a raíz de los recursos del Gobierno del PP.

En primera línea de la protesta, que ha contado con una participación muy inferior a la de anteriores movilizaciones, estaban ubicados los representantes de unas 60 entidades vecinales, culturales y sindicales, que portaban una pancarta con el lema “Los derechos no se suspenden: trabajo digno, derechos sociales y democracia real”.

dimecres, 4 de novembre del 2015

El Tribunal Constitucional suspende la sanidad universal para los inmigrantes en la Comunidad Valenciana



El Tribunal Constitucional ha suspendido la ley valenciana de sanidad que permitía el acceso normalizado de los inmigrantes sin permiso de residencia al sistema sanitario público desde julio. La medida cautelar es "consecuencia automática", dice el Tribunal, de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra la ley regional que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy y por el que invocó el artículo 161.2 de la Constitución.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy vuelve a repetir la misma estrategia que ya empleó contra las leyes navarra y la vasca que también garantizan la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Este colectivo fue uno de los más afectados por la reforma sanitaria del Gobierno de 2012, que arrebató la tarjeta sanitaria de un día para otro a unas 800.000 personas.