La emergencia sanitaria impidió que el 26 de abril el pueblo chileno pudiera iniciar su camino constituyente. No será sino hasta el 25 de octubre del 2020 cuando Chile aprobará o rechazará la elaboración de una nueva Constitución.
A su vez se elegirá la fórmula para la conformación del órgano encargado de redactar, en su caso, el nuevo texto: una Convención mixta (mitad de representantes electos y la otra mitad designados de entre actuales parlamentarios y parlamentarias) o una Convención constitucional, donde todos los miembros serían electos para ese efecto. La derecha chilena en el poder apuesta por la convención mixta, método que les permitiría mayores controles sobre los grados de libertad del constituyente.
El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución adoptado como mecanismo de salida política a la crisis social de octubre planteó, en su apartado 10, la creación de una Comisión Técnica, que sería paritaria entre los distintos partidos, como encargada de determinar los aspectos indispensables para la materialización del referéndum y de la conformación de la asamblea encargada de elaborar una nueva Constitución. La propia comisión fue reflejo de un país viejo ya que, del total de 14 integrantes, tan sólo 5 fueron mujeres y no existió ninguna vocalía para pueblos originarios. En la práctica, además, todos los acuerdos de la Comisión acabaron por ser remitidos al Congreso para que fueran objeto de aprobación en el formato de reforma de la actual Constitución.
Es difícil imaginar cuál será el resultado de esta situación, pero no es descabellado imaginar un escenario en el que la Convención, en determinado momento, tenga que romper con el régimen anterior y asumir los poderes legislativos efectivos. A ello podemos llegar de diferentes maneras: desde el conflicto frontal con la consiguiente ruptura de la paz social, hasta la aprobación de una Constitución provisional con el único objetivo de dar paso a una nueva legitimidad.
