.Pese a que en algunos niveles la judicatura está conteniendo los peores abusos de la banca, las cúpulas judiciales están frenando las interpretaciones garantistas sobre el derecho a la vivienda.
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| Jornadas de la PAH frente al Tribunal Supremo en Madrid |
El derecho a la vivienda, la protección de la infancia y la familia y la inviolabilidad del domicilio se reconocen en la Constitución española de 1978, dónde se ordena a todos los poderes públicos remover los obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la participación en la vida política, económica, social y cultural (artículo 9.2 CE).
. Además, “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” (artículo 10.2 CE).
Bajo este marco legal, desde 2009 se acumulan en España más de 600.000 ejecuciones hipotecarias de las cuales al menos 200.000 han afectado a la primera vivienda de familias que no podían pagar su hipoteca. En el mismo período los desalojos por alquiler suman más de 400.000. En paralelo, existen más de 3,5 millones de viviendas vacías y casi 4 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza.
