Desde la realización de los Juegos Panamericanos en Rio de Janeiro, en el 2007, pasando por el Mundial de Fútbol, en 2014, hasta los Juegos Olímpicos, este año, movimientos populares y colectivos organizados contra los impactos de los mega eventos deportivos han denunciado el aumento de la violencia contra la población – con desalojos y crecimiento de la militarización en las favelas – y la falta de transparencia en la gestión de la preparación de las ciudades-sede, generando desequilibrio en el presupuesto público y negando a la población el derecho a servicios básicos.
“Nosotras no estamos contra los Juegos Olímpicos. Estamos contra la forma cómo esos mega eventos llegan a las ciudades, desconociendo las demandas reales y concretas de la población; e imponiendo un modelo de ciudad absolutamente distante de las necesidades reales de quien vive allí”, lamenta la economista Sandra Quintela, coordinadora del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) y miembro del Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas de Rio de Janeiro.
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