Denunciar que el poder político es, hoy por hoy, una marioneta en manos de los poderes económicos no supone ninguna novedad (el episodio de la modificación del artículo 135 de la Constitución lo ilustra de sobras). Pero impresiona comprobarlo cuando se pasa de decisiones impuestas por Altos Organismos (como la Troika), descendiendo al nivel de detalle.
Los hechos en torno al alargamiento a 60 años del funcionamiento de los reactores atómicos, demuestran quién manda en España y cómo ejerce su poder. Evidencian, si hay voluntad de saber, que nada que sea importante se decide hoy en las instituciones que, en teoría, ostentan el poder de decisión político [1].
Un apunte ilustrativo: bastaron 11 días para que el ministro Alvaro Nadal pasase de declarar que los impuestos nucleares eran poco menos que intocables, a manifestar que los tales impuestos eran revisables [2]. Que dicho ministro sea del PP, el campeón en la defensa de los intereses de la industria atómica, aumenta la importancia de lo sucedido: demuestra de que la industria nuclear es implacable para imponer hasta el último matiz de su agenda política.
Lo políticos pueden participar en todo este teatro redactando, debatiendo, presentando, discutiendo, e incluso aprobando una serie de documentos cuya influencia real es igual a cero: se trata de preguntas, mociones, declaraciones, resoluciones, proposiciones no de ley, etc.; documentos que no pasan de ser una manifestación de intenciones dentro de una legislatura, papeles que justifican su presencia en las instituciones, que se presentan como “control”, y que contienen mensajes para el sector de sus votantes más fieles o especializados; así consta que “se hace algo”. También pueden presentar enmiendas a leyes redactadas por el gobierno, aunque este recurso, mucho más complejo, queda anulado cuando este recurre al Decreto-Ley en asuntos importantes.
