Dos leyes cambiaron la fisonomía del campo y la sociedad chilena en 1967: la Ley de sindicalización campesina y la Ley de Reforma Agraria. Fue el fin del latifundio, cuyas raíces se hundían en la Colonia.
Tiempos donde el terrateniente tenía poder sobre la vida de quienes vivían al interior de la hacienda. De tratos como “mande patrón”, “mande mesía” y miradas al suelo. De castigo físico con el cepo donde se amarraba de los pies a los rebeldes. De paga en regalías con sacos de porotos, trigo y leña para el año
El 27 de julio de 1967 se promulga la Ley 16.640 de Reforma Agraria. Entre 1964 y 1970, se expropiaron 1.408 predios, el 23,4% de la tierra fértil del país, beneficiando a 21.270 campesinos, especialmente de la zona central.
A los antiguos propietarios se les dejaron 80 hectáreas de riego básico como reserva. La Comisión Nacional de Reforma Agraria (CORA) no solo mensuraba terrenos sino que capacitaba y financiaba. Así se iniciaron los asentamientos, forma de propiedad colectiva cuyo objetivo era la producción agrícola a cargo de los campesinos organizados.
“La tierra para el que la trabaja”
En consecuencia, la tierra que no era explotada se expropió. Durante el gobierno de la Unidad Popular (UP) la reforma agraria se profundizó. En tres años se expropiaron 4.401 predios, correspondientes al 35,3 % de la mejor tierra cultivable chilena. Se favoreció a 39.869 familias.
En territorio mapuche, el gobierno de Allende usaría la Reforma Agraria para devolver tierras usurpadas a las comunidades.
El golpe de Pinochet modificó de raíz lo que pasaba en el campo. Desde los primeros momentos, la represión contra dirigentes sindicales y campesinos cercanos a la UP fue brutal. Los crímenes de Paine, los fusilamientos de Lonquén, el encarnizamiento con que fueron perseguidos los obreros del Complejo Forestal Panguipulli o la persecución a los mapuches de Malleco, pueden considerarse revanchas con fines ejemplificadores.
