La evasión fiscal obstáculo para la recuperación en América Latina

La política fiscal debe jugar un papel central a la hora de mitigar la crisis social y económica creada por la pandemia y proporcionar el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad económica que permita guiar a Latinoamérica hacia un desarrollo sostenible e inclusivo en un mundo post COVID-19, asegura la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en su Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020.

Recaudar más fondos con los que mitigar el impacto económico y social creado por la COVID-19 en lugar recurrir a una mayor endeudamiento es la receta de los expertos económicos de la ONU para una región donde, solo en 2018, el incumplimiento tributario se ubicó en 325.000 millones de dólares en 2018, equivalente al 6,1 por ciento del producto interior bruto.

La pandemia, dice el informe, ha expuesto deficiencias en los sistemas de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social, y en la limitada provisión crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad.

Por lo tanto, América Latina debe acelerar la transición hacia estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible mediante la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de los sistemas de protección social – incluyendo la adopción de un ingreso básico universal-, y que proporcionen sistemas de educación y salud de calidad, y sistemas de pensiones de calidad, enfatiza el informe.

En este sentido, la política fiscal deberá contribuir al logro de estas metas a través de un sistema de tributación progresiva y eficiente, y de un gasto público efectivo y equitativo que dé prioridad a atender las necesidades de las sociedades de la región.

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Latinoamérica y el COVID-19: ¿Movilizar recursos o gastar en la gente?

La crisis desatada por el COVID-19 merece respuestas en las que el Estado es un actor imprescindible. Aquí analizamos el contraste entre Brasil y Argentina.

América Latina comienza a reaccionar en términos económicos a la peor crisis planetaria de los últimos tiempos, desatada por el COVID-19. Si bien es normal que la región vaya respondiendo mientras avanza la pandemia, las primeras respuestas de los gobiernos muestran no estar a la altura de la crisis. Primero, porque los montos totales que se están manejando hasta el momento son insuficientes: Argentina y Brasil no superan el 2% del PIB, mientras que Chile, quien plantea el plan más ambicioso, propone una del 4,7% del PIB. Segundo, porque no es lo mismo movilizar recursos que gastar en la gente.

La movilización de recursos significa que el Estado decide colocar liquidez en la economía, ya sea a empresas o ciudadanos, pero siempre con una contraprestación: creando una deuda (crédito) o simplemente adelantando un ingreso que estaba previsto en los sistemas previsionales en meses futuros. En cambio, gastar es generar liquidez en el sector privado sin que ello genere una contraprestación: es decir, con aumento de las ayudas sociales, creando empleo público o, directamente, asignando una renta básica. Estamos convencidos que ambas son necesarias, pero las dimensiones deben ser diametralmente diferentes para garantizar la recuperación.

Gasto público, gasto en la gente

Pocas veces (como en una guerra) una crisis rompe el circuito económico de oferta y demanda como hoy está ocurriendo; los oferentes no pueden producir y los demandantes no puede consumir. En la práctica, el sistema económico está en condición de guerra. Esto quiere decir que la situación no se soluciona con medidas de “confianza” en los mercados, ni incentivos privados para que se reactive la inversión ni “ajustes del cinturón”, como muchas cámaras empresariales en la región ya sugieren sin sentido. La salida no es neoliberal; lo único que nos devolverá el crecimiento es el déficit fiscal, puro y duro, con gastos ambiciosos en rentas que lleguen a la gente y que permitan que se restablezca el actual cortocircuito económico de la demanda y de la producción.

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La industria farmacéutica se revuelve contra los planes de ahorro en medicamentos con receta, un negocio de 10.000 millones anuales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha empezado a publicar esta semana los resultados de la primera parte de un trabajo ingente: la revisión del gasto público (spending review) que se hace en España. Es la primera vez que se acomete en este país esta tarea extendida en otras naciones europeas con mejor desempeño económico. En el caso de España, el análisis de los 30.000 millones de euros de gasto público anual tiene su origen en el compromiso asumido con la Comisión Europea en 2016. La finalidad es llevar a cabo una revisión integral del gasto en todas las administraciones para detectar posibles ineficiencias y solapamientos.

Los ex ministros Cristóbal Montoro y Alfonso Alonso en la firma de un convenio con Farmaindustria

En su informe, la AIReF argumenta que se podrían ahorrar entre 1.000 y 2.000 millones de euros entre 2020 y 2022 con una mejor gestión de los procesos de subvención de medicamentos con receta, y que podrían utilizarse para otros propósitos como, por ejemplo, que las subvenciones con recetas se otorguen en función de la renta y sin distinguir entre trabajadores y pensionistas, lo que probablemente produciría un aumento de gasto.

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CATALUNYA El juez Llarena pide a Montoro que explique "a la mayor brevedad" en qué se basa para decir que no se gastó dinero público el 1-O

El juez del caso del procès en el Supremo, Pablo Llarena, ha pedido por escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que explique "a la mayor brevedad posible" por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Catalunya.

En una providencia, el magistrado explica su decisión en que varios procesados han declarado ante él que Montoro expresó "su certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017" en una entrevista en el diario El Mundo.

Ello contradice las fuentes de prueba del sumario, dice el juez, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación, consistente precisamente en la utilización de dinero público en fines ilegítimos, por ejemplo el citado referéndum.

Por ello, requiere al ministro de Hacienda "a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones".

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