De acuerdo a un reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Peruana (MAAP), la construcción de carretera Puerto Esperanza – Iñapari, una de las principales propuestas de la Ley 30723 promulgada por el Congreso, no solo afectaría las áreas protegidas y los pueblos indígenas más vulnerables de la Amazonía, sino también alrededor de 275 mil hectáreas de bosque primario.
La iniciativa de ley fue presentada en abril de 2017 por Glider Ushñahua y aprobada el 7 de diciembre por el pleno legislativo, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) recordaba al respecto que el Ministerio de Cultura había considerado la ley “inviable” y que también había sido rechazada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Legislativo. También fue observada por la Defensoría del Pueblo, y recibió un llamado de atención de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, quien afirmó que “afectará territorios indígenas, amenazando la supervivencia misma de los pueblos que viven en la zona”.
Expertos y ambientalistas consideran que la ley no tomó en cuenta el ordenamiento jurídico que protege a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, ni el impacto de la construcción de carreteras en la Amazonía,
