La Unión Progresista de Fiscales (UPF) de España sostiene que restricciones como las existentes en la L.O. 4/15, de protección de la seguridad ciudadana, la denominada “ley Mordaza”, que dificultan innecesariamente la libertad de expresión, información, manifestación y reunión pacífica, deben ser eliminadas por injustificadas y desproporcionadas.
Aceptan que como todos los derechos fundamentales y libertades públicas, tiene límites para que su ejercicio no entre en colisión con los derechos de otros ciudadanos, en particular especialmente cuando afecte al principio de igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, a la dignidad de todos los seres humanos y a la prohibición absoluta de discriminación.
Pero consideran que la respuesta que desde el ordenamiento jurídico y el sistema judicial ha de estar justificada, proporcionada, teniendo presente el carácter de última ratio del derecho penal, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
