El miércoles un total de 13 internos del CIE de Aluche, en Madrid, se dieron a la fuga. La Policía desplegó un amplio dispositivo policial por el que consiguió detener a cinco de ellos. Los fugados, de origen argelino, agredieron a varios agentes del cuerpo policial en su huida –al menos tres de ellos resultaron heridos leves– y robaron varias tarjetas con las que lograron abrir las puertas del recinto y salir a la calle. En julio otros 46 retenidos también se fugaron del centro
En el momento de la fuga, había unos 200 internos. Como parte de la estrategia anti-inmigración que ha alineado a las fuerzas conservadoras en las últimas semanas, el partido de ultraderecha VOX ha aprovechado la ocasión para arremeter contra los inmigrantes: “¿Falta administrativa? 17 violentos inmigrantes ilegales han asaltado el CIE de Aluche tras agredir a varios agentes y provocar graves destrozos. No necesitamos más CIE, necesitamos más deportaciones inmediatas. Los españoles tienen el derecho a decidir quién entra en España”, tuiteó la formación en su cuenta oficial.
Este centro de internamiento de extranjeros de Aluche es uno de los siete que existen en España. No tienen carácter penitenciario, pero son de gestión policial. Tienen 33 años de existencia, pero hasta 2010 eran centros totalmente opacos, donde no penetraban ni las ONG ni los periodistas. Las personas que residen allí no han cometido ningún delito –si una falta administrativa– y aunque la función de estos centros inicialmente era retener a los inmigrantes para después repatriarlos a sus países, esto no se cumple: solo un 37,29% de los reclusos han sido expulsados de vuelta a sus lugares de origen. Según la Defensoría del Pueblo, son utilizados como “instrumentos de contención de la entrada irregular por las costas”, algo contrario a “la función que tienen atribuida legalmente”.
