Tal como lo expresáramos en el mes de febrero, ante declaraciones del ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, nuevamente nos vemos en la obligación de repudiar en este caso lo expresado por el Ministro de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj respecto a la negación de la existencia de 30.000 desaparecidos.
Pareciera que funcionarios de esta administración, fundamentalmente los relacionados con el delicado tema de los Derechos Humanos, se han puesto de acuerdo para embestir contra la credibilidad y militancia de los distintos organismos que trabajaron junto a familiares de las víctimas y diversos sectores sociales, frente al terrible proceso de la Reorganización y Doctrina de la Seguridad Nacional, poniendo en duda los hechos que tuvieron lugar en esa época.
Los probados crímenes de lesa humanidad, como el secuestro, la tortura, el robo de bebés y la desaparición forzada de personas que se cometieron a lo largo y a lo ancho del suelo argentino fueron generando respuestas ejemplares que recorrieron el mundo denunciando primero lo que en nuestro país se silenciaba y clamando por Memoria, Verdad y Justicia, que luego se plasmaron en políticas públicas de defensa de los Derechos Humanos y de juzgamiento de los autores de esos delitos aberrantes.
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