El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el procedimiento porque el se que estableció la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras (entre ellas ACS) del proyecto de almacén de gas de Castor. La compensación se fijó mediante un Real Decreto Ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, y es precisamente este procedimiento lo que el tribunal considera inconstitucional.
Para que se justifique este encaje legal tiene que haber razones de "urgente necesidad" que el órgano judicial no encuentra, razón por la que anula el procedimiento. Según explican fuentes jurídicas, el Constitucional no anula la cuantía de la indemnización ni entra a valorar el fondo de la cuestión (si se debe pagar o no una indemnización), es el método por el que se oficializa el pago lo que se anula.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada