El polémico caso del almacén de gas Castor ha llegado hasta la Audiencia Nacional, donde este martes se ha presentado una querella criminal que acusa a cinco exministros (Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria) y a los empresarios Florentino Pérez (ACS) y Recaredo del Potro (Escal UGS) de un delito de prevaricación, fraude a la adminstración pública y malversación de caudales públicos.
La querella, presentada por varias plataformas, entre ellas el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet (que ya sentó a Rodrigo Rato en el banquillo por el caso de las tarjetas black) y el Institut de Drets Humans, incluye también entre los acusados al exsecretario general de Energía Ignasi Nieto y al exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino. Ahora falta saber si la Audiencia Nacional la admitirá a trámite.
Aunque no es la primera vez que el caso del proyecto Castor llega a los tribunales, nunca hasta ahora se había señalado directamente a tantos altos cargos públicos y privados encargados de la gestión de esa infraestructura energética que tuvo que ser parada en 2013 por los centenares de microterremotos provocados por su actividad.
El caso Castor es especialmente polémico sobre todo por una excepcional cláusula en la concesión de explotación que obligó a indemnizar a la empresa propietaria incluso aunque el cierre se produjo por una negligencia en las operaciones. Esa indemnización, cifrada en 1.350 millones de euros —pero que ascienden a 2.419 millones con los intereses— se repercutió directamente sobre la factura del gas de los consumidores, hasta que una sentencia reciente del Tribunal Constitucional la ha declarado ilegal. El Gobierno, no obstante, busca alternativas para cargar esa abultada factura sobre el bolsillo de los contribuyentes.
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