Si bien todos los sectores de la población tienen derecho a manifestarse públicamente por reivindicaciones que consideran legítimas, en ese contexto que rige en Venezuela, de pleno ejercicio de la libertad para elegir periódicamente a los gobernantes que dirigen el destino del país, no tienen ninguna justificación la utilización de métodos que buscan la desestabilización del gobierno y que claramente llaman a derrocarlo.
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