Uno de los mayores escándalos existentes en el mundo económico-político de hoy es el comportamiento monopolístico de la industria farmacéutica, aprobado y subvencionado por la autoridades públicas (en teoría, representantes de la población), que protegen dicho monopolio a través de la asignación de las llamadas patentes, que garantizan la potestad a tal industria para inflar los precios de los fármacos
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