La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales ha propuesto ocho medidas contra la corrupción, como la reforma de la regulación de la contratación pública, ante la situación de “máxima alarma” que se vive en la actualidad por la constante aparición de casos. Entre las medidas propuestas figuran la reforma de la Ley del Suelo, la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos, la reducción del número de aforados y la dotación de medios adecuados a los funcionarios que combaten la corrupción.
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