La delgada línea que separa en el Código Penal los delitos de apropiación indebida y administración desleal no permite por el momento al juez Fernando Andreu acusar de uno u otro a los 82 beneficiarios de las tarjetas ‘black’ a los que imputó el pasado miércoles en la pieza separada del ‘caso Bankia’. La Fiscalía había solicitado al juez que declarasen como imputados los 27 miembros de ese grupo que desempeñaron el cargo de consejero. En su escrito, Anticorrupción opta por atribuirles indiciariamente un delito de administración desleal, que tiene un castigo sensiblemente inferior al de apropiación indebida en el Código Penal.
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