La falta de conocimiento de la opinión pública nacional sobre las consecuencias de este polémico tratado, a pesar de las campañas de organizaciones contrarias a este, quedó en evidencia cuando la Comisión realizó una consulta sobre el criticado mecanismo de arbitraje entre Estados e Inversores (llamado ISDS). De las 150.000 respuestas ciudadanas recibidas, sólo el 2 por ciento venían de España.
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