El informe de Amnistía Internacional “Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España”, publicado en junio de 2015, afirma que las administraciones públicas han adoptado medidas “deliberadamente regresivas e injustificadas” en relación con el derecho a la vivienda. En el apartado de conclusiones, el documento de 52 páginas subraya la dependencia “desproporcionada” del mercado privado y que el actual proceso de ejecuciones hipotecarias considera la vivienda como un “activo financiero” y no como un “derecho humano”. “Las autoridades españolas no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo el derecho a la vivienda”, resume el informe.
La organización de derechos humanos constata al menos cinco “señales de alarma” desde el inicio de la crisis: recortes del gasto público en vivienda; la falta de intervención pública en el mercado privado respecto a las viviendas vacías; la reducción del periodo de calificación de la vivienda social (periodo en el que el precio y las condiciones de venta están regulados por ley); la venta por parte de administraciones públicas de viviendas sociales a fondos de inversión; y los recortes en las prestaciones sociales a familias que viven en la pobreza o en riesgo de exclusión, lo que ha dificultado su acceso a un alojamiento.
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