El Gobierno de Canberra, decidido a parar "por las buenas o por las malas" la llegada de inmigrantes y refugiados, ha sido acusado de pagar a los traficantes de personas para llevarse de vuelta a los barcos que ingresan en sus aguas territoriales.
Paga a varias islas para albergar campos de refugiados y al Gobierno de Camboya para que acoja a sus inmigrantes en una 'externalización' del problema.
La política de Inmigración de Abbott alimenta un sustancioso negocio rodeado de acusaciones de abusos contra quienes buscan asilo
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