El gobierno del PP adolece de irresponsabilidad fiscal, que ya se manifestó con el primer presupuesto de la legislatura, el de 2012, que no se aprobó hasta bien entrado el ejercicio por una razón puramente electoral: ocultar los duros recortes que no se atrevió a anunciar hasta que se celebraron las elecciones andaluzas de aquel año. Ahora, otra vez, el ventajismo electoral le lleva a forzar los plazos legales para aprobar el presupuesto de 2016 sabiendo que es posible -e incluso probable o deseable según a quien se pregunte- que no tenga la mayoría suficiente para aplicarlo.

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