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| Voces críticas a una ley que silencia los derechos de este colectivo, marginándolo hacia lugares más inseguros sin solucionar la trata de seres humanos
En febrero de este año el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz acompañado del director general de la policía nacional, Ignacio Cosidó, presentaba en Barcelona la segunda fase del plan contra la trata de seres humanos.
En ella indicaba que la Ley de Seguridad Ciudadana sería una herramienta con la que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad contarían para erradicarla. Cinco meses después entra en vigor dicha ley sin que aparezca en todo su articulado sancionador contenido alguno que ponga fin a la trata y explotación de seres humanos.
Lo que sí sanciona con una multa de 600 a 30.000 euros es la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público próximo a lugares destinados a su uso por menores.
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dimarts, 1 de setembre del 2015
La ley Mordaza olvida que las prostitutas también son ciudadanas
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