Mientras los gobiernos europeos negocian los cupos de refugiados a admitir en sus territorios, miles de personas se enfrentan cada día a violaciones de derechos humanos en las fronteras externas e internas. En España, como en otros países, las discursos institucionales solidarios con el sufrimiento de las personas refugiadas choca con las políticas migratorias cada vez más represivas
En el Estado español, a un ligero aumento de las solicitudes de asilo se ha superpuesto una política laboral que ha cerrado el grifo a la concesión de permisos de trabajo a personas extranjeras. En 2014 se concedieron 141.708 autorizaciones, la cifra más baja en la última década, muy lejos de las 857.052 autorizaciones concedidas en 2006.
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